La Fundación Gabeiras organizó junto al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza el pasado 14 de diciembre una jornada con el objetivo de concretar en un Catálogo de Urgencias las reivindicaciones imprescindibles que el Derecho debe abordar para la supervivencia del sector de la Cultura.
La Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología estuvo representada en esta jornada por Ángel Astorqui en la mesa de trabajo sobre Patrimonio Cultural.
A lo largo de la mañana profesionales de la Cultura expusieron en común sus propuestas en diálogo con juristas y representantes de administraciones públicas y partidos políticos, para, desde el derecho, aportar soluciones a las urgencias que debe afrontar el sector.
Además de la PEPA, en la mesa de trabajo de Patrimonio moderada por el catedrático de derecho administrativo de la UNED Jesús Prieto estuvieron:
- Inmaculada Gómez (D.G. Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial)
- Esther San Vicente (Museos Efímeros)
- Concha Barrero (Catedrática de Derecho Administrativo Universidad de Sevilla)
- Alberto Tellería (Madrid ciudadanía y Patrimonio MCYP)
- Isaac San vicente (DG Bellas Artes Ministerio de Cultura)
- Jacobo Cayetano (Zuloark)
- Carolina Fábregas (responsable de marketing del Museo Thyssen)
En concreto en esta mesa de Patrimonio cultural se ha debatido sobre el propio concepto jurídico de Patrimonio, las 17+1 legislaciones, problemáticas profesionales de un sector precarizado, las distintas visiones en relación con la situación del patrimonio cultural material e inmaterial, sinergias con otros sectores y las leyes de derechos culturales.
En una primera ronda de intervención se enumeraron los problemas diagnosticados del sector. La PEPA expuso las dificultades detectadas para el desarrollo de la profesión:
- Falta de regulación jurídica y no reconocimiento de la profesión.
- Intrusismo (detectoristas, …).
- Incoherencias jurídicas por la existencia de 17+1 legislaciones y sus normativas de desarrollo, (LPHE – obsoleta y otras autonómicas) y tantas aplicaciones como interpretaciones de la norma y su reglamento hacen los técnicos de cada territorio, lo que lleva a la arbitrariedad.
- Burocracia vs tiempos profesionales (problemática de las declaraciones responsables. Ejemplo: Andalucía).
- Precariedad laboral, fiscal, y de prestaciones.
- En clave de autocrítica, se identifica cómo al propio sector cultural (y a los arqueólogos) nos cuesta comprender el cambio de paradigma cultural para trabajar el concepto de Patrimonio como algo vivo, que se construye de abajo arriba, a través de comunidades patrimoniales, que ayuden a garantizar los derechos culturales de Ciudadanía, y a la consecución de los ODS de la Agenda 2030.
- Inexistencia de políticas culturales y recursos para su desarrollo (incumplimiento artículos 44 y 46 de la constitución).
En una segunda ronda se aportaron soluciones a los problemas expuestos:
- Reconocimiento de titulaciones y capacitaciones para ejercer la profesión de arqueólogo y de conservación restaurador. Ver: Carta al Ministerio de Cultura redactada junto a ACRE para la regulación de las profesiones del patrimonio histórico
- CNAE propio para arqueólogos y Conservadores restauradores (Ver: enlace anterior)
- Actualizar normativas jurídicas incluida la LPHE (anteproyecto paralizado por oposición de las CCAA).
- Leyes derechos culturales autonómicas ( como Navarra, Canarias, Andalucía, Aragón, Cataluña… ) / Declaración de la Cultura como bien esencial (estatal).
- Implementación de la Convención de Faro y el valor social del PC para que la PEPA pueda incorporarse a la red de comunidades patrimoniales de Faro que coordina el Ministerio de Cultura.
- Desarrollo del Estatuto del Trabajador de la Cultura para los profesionales de Patrimonio cultural.
Todas estas propuestas, sumadas a las del resto de las mesas de trabajo (Artes Plásticas, Artes Escénicas, Libro y Música), se recogerán en un catálogo abierto que se trasladará a las instituciones públicas (Estado y Comunidades Autónomas).
Por la tarde, en una jornada abierta al público, se debatió sobre la necesidad de crear un sistema público de cultura, las diferentes iniciativas de leyes autonómicas y estatales y sobre la comunicación cultural (prevista en la constitución) entre el Estado, las Comunidades autónomas y el sector privado como proyecto constitucional.