Los robos de piezas arqueológicas que en los últimos meses han tenido lugar en museos españoles (Badajoz, en abril; Albacete, en julio; ahora también Villena) descubren una fractura más en las frágiles estructuras de todo aquello que rodea a la arqueología profesional: la precariedad se extiende también a la seguridad en los museos.
Para quienes nos dedicamos a estudiar y recuperar el patrimonio arqueológico de todos, resulta particularmente desoladora esta serie de robos en museos arqueológicos que hacen que se pierda el fruto del trabajo de quienes nos precedieron y toda la información que sobre momentos anteriores de nuestra historia proporcionaban esos hallazgos antes custodiados en los museos y ahora en paradero desconocido, además de esos bienes que son patrimonio de toda la sociedad, como parte de nuestro acervo cultural.
Siendo conscientes de que no existe el “riesgo cero”, cabe preguntarse si no hemos recibido ya suficientes toques de atención como para entender que es ineludible incrementar la inversión no solo en los museos arqueológicos, sino en todas nuestras redes de museos autónomicas, estatales (con las conocidas excepciones de algunos grandes museos) y locales que, careciendo en sus plantillas de personal suficiente para garantizar el trabajo cotidiano, han de disponer de ese mismo personal también para gestionar lo extraordinario. Sin duda, la ciudadanía, para la que la arqueología profesional trabaja, merece que el esfuerzo de quienes recuperan su patrimonio y quienes lo conservan se traduzca en que ese patrimonio esté a su alcance y no sea, como consecuencia de la falta de inversión, presa de los delincuentes.