Se pretende profundizar y conocer las diferencias territoriales en la gestión de nuestro patrimonio arqueológico en la búsqueda de una armonización que se contempla como objetivo de nuestra plataforma y también en el futuro Plan Nacional de Arqueología.
El día 28 de febrero y desde el Museo Arqueológico de Murcia se habló en formato de Mesa de Diálogo Abierta con la presencia de instituciones y arqueólogos profesionales de los siguientes temas:
- Regulación profesional: reglamentos e interacción de la administración con la arqueología preventiva.
- Legislación (europea) en contra del expolio arqueológico y el tráfico ilegal de antigüedades.
- Defensa del patrimonio arqueológico por parte de la sociedad civil.
1. Regulación profesional: reglamentos e interacción de la administración con la arqueología preventiva.
La realidad de la arqueología en España es la de comunidades con procedimientos administrativos y legislaciones autonómicas diferentes, con puntos de vista y evoluciones diferentes, panorama que se intenta solventar con el Plan Nacional de Arqueología, el cual está tardando en hacerse realidad como consecuencia, en parte, de algunas discrepancias de actuación. En la primera mesa de trabajo se ha contado con tres técnicos de la Dirección General de Cultura (DGPC) de la Región de Murcia para conocer la opinión de las administraciones públicas. D. Ángel Iniesta Sanmartín, técnico arqueólogo de la Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma de Murcia en 1983 y de la DGPC desde 1984 hasta su jubilación en marzo de 2024. En este sentido le tocó vivir, desde la administración, la asunción de las competencias y la puesta en marcha en relación con los apartados de patrimonio cultural y arqueología, y su experiencia ha sido un grado para esta mesa de trabajo en la que se habla de futuro. D. Carlos García Cano, arqueólogo del Servicio de Patrimonio Histórico (SPH) de la DGPC y D. Gregorio Romero Sánchez, Licenciado en Ciencias Geológicas en la especialidad de Estratigrafía y Paleontología, y Jefe de Servicio del SPH desde 2018.
Después de una breve introducción por parte de los dos primeros ponentes, de cómo había funcionado la puesta en marcha de las competencias en materia de patrimonio arqueológico y paleontológico de las administraciones públicas de la Región de Murcia, D. Gregorio Romero explicó cómo habían transcurrido las últimas reuniones en las que las diferentes administraciones autonómicas buscaban la redacción del Plan Nacional. Había un interés generalizado en conocer qué comunidades autónomas habían participado, cuáles habían sido las mas activas y sobre todo, cuáles eran los mayores escollos que habían provocado que no se firmara finalmente en la última de las convocatorias. Uno de los problemas que más aleja de un consenso es el que define quién puede trabajar como arqueólogo. El acceso a direcciones arqueológicas es una de las diferencias que marca la actuación de las diferentes comunidades y cuya problemática viene ligada a la definición de qué es un arqueólogo y a la falta de reconocimiento oficial de nuestra profesión. Este mismo problema se vio reflejado en la sala, ya que muchos oyentes no estaban de acuerdo entre sí a la hora de establecer qué profesionales puede ejercer la Arqueología. Se puso en evidencia que nuestra regulación profesional es fundamental para seguir creciendo y posicionándonos.
Parece que hay un cierto grado de escepticismo con el nuevo Plan Nacional, ya que se reconoce la autonomía de las administraciones regionales en este ámbito, por lo que funcionaría como un documento meramente orientativo, sobre todo en aquellas comunidades en las que hay una tradición afianzada y progresiva de regulación de la actividad arqueológica.
También se habló de la importancia de los capítulos relacionados con la Paleontología en el Plan Nacional, cuya redacción pormenorizada y novedosa para muchas comunidades, no ha supuesto tantos problemas de consenso.
2. Legislación (europea) en contra del expolio arqueológico y el tráfico ilegal de antigüedades.
- Integrantes: Joan Carles Alay; Marcos Castro Martín; Alejo García Almagro; Víctor Valero García
- Modera: Jaime Almansa Sánchez
El expolio de bienes arqueológicos y el tráfico ilícito que trae aparejado son uno de los retos con componente transnacional a los que se enfrenta la profesión. La concepción de los artefactos arqueológicos como bienes artísticos con valor comercial que se fue fraguando desde los inicios de la disciplina (anticuarianismo) ha traído consigo un verdadero problema para la protección y el disfrute público del patrimonio arqueológico. Las tensiones entre modelos más proteccionistas y otros más liberales lleva al estancamiento de normas internacionales como el Convenio de Nicosia, pero gracias a estas iniciativas salieron adelante principios básicos de la protección que son ya norma hoy. A pesar de ello, la relación de los crímenes contra el patrimonio arqueológico con otros aspectos delictivos de gran calado como el blanqueo de capitales o las redes criminales internacionales en un ambiente poco transparente, hacen de la acción policial y judicial un aspecto esencial de este tema en el que la profesión debe participar.
Esta mesa contó con la participación de dos profesionales del sector especializados en expolio y tráfico ilícito, y tres representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) con competencias en Patrimonio Histórico. Tras una introducción general sobre los aspectos legales de carácter transnacional (principalmente europeo) de parte del moderador, Alay (investigador) profundizó en la investigación del arqueofurtivismo (expolio de baja intensidad) en Cataluña, presentando las diferentes metodologías para análisis y valoración de daños que ha desarrollado. Castro (Policía Nacional) introdujo el papel del CNP y su Brigada de Patrimonio, operativa desde 1977, con foco especial en la región de Murcia (con el ejemplo de la recuperación del archivo de Juan de la Cierva). Destacó la colaboración con Interpol y Europol, así como el uso de bases de datos como Dulcinea, donde se pueden encontrar bienes robados. Valero (UCOMA, Guardia Civil) presentó las líneas de trabajo de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente, desde donde se trabaja en la protección del patrimonio arqueológico, principalmente con el apoyo del SEPRONA. Explicó también los detalles de organización de la unidad y sus principales áreas de actividad. En especial desde la Orden de Servicios 4/2012, el papel de la Guardia Civil se vio impulsado. García (Policía Judicial, Guardia Civil), profundizó en la actividad desde el Cuerpo con operaciones como Pandora, que recupera miles de piezas anuales con cooperación internacional y local, así como otras operaciones de gran calado lideradas por la Guardia Civil. Además, se destacó la colaboración en iniciativas internacionales como EMPACT, en las que el patrimonio histórico es uno de los temas marco, y colabora con otras agencias como FRONTEX o la OMA, además de Interpol y Europol.
Como temas transversales, se plantearon algunos retos que será necesario afrontar para mejorar la protección del patrimonio arqueológico y la investigación de los delitos que sufre. En primer lugar, la necesidad de denunciar, resultado del desconocimiento de los procedimientos que se tienen incluso dentro del sector profesional. A partir de ahí, la dificultad de trazar procedencia y tiempo de los restos hallados en incautaciones y otras operaciones, que dificultan mucho los procedimientos sancionadores y los procesos judiciales. Pero con una nota positiva en el gran avance que se ha conseguido a lo largo de la última década con unidades especializadas, personal cada vez mejor formado y un interés patente que se plasma en la colaboración con los diferentes actores en torno al patrimonio arqueológico. La maquinaria está bien engrasada y con la participación de todos seguimos avanzando en la protección del patrimonio arqueológico.
3. Defensa del patrimonio arqueológico por parte de la sociedad civil.
En esta mesa de trabajo que desarrolla el tercer tema a tratar en este encuentro, hemos contando con varios expertos que forman parte tanto de la administración como del ámbito de la educación y la profesión arqueológica. Han participado Juan García Sandoval, director del Museo de Bellas Artes de Murcia, Luis E. de Miquel Santed, director del Museo Arqueológico de Murcia, José Antonio González Guerao, presidente de la Asociación Kalathos, profesor y arqueólogo y Miguel Pallarés Martínez, presidente de la asociación Patrimonio Santomera, profesor y arqueólogo.
Con la experiencia acumulada durante años en la difusión del patrimonio, se han planteado algunos temas que preocupan dentro de este ámbito, como la necesidad de la generación de diálogos con la sociedad para poder crear un vínculo con su patrimonio, sobre todo en los rangos de edad donde se denota un menor interés o un mayor desconocimiento.
Es desde el asociacionismo donde vemos una mayor actividad en este tema. A través de la divulgación y la concienciación que se intenta conseguir con actividades y talleres la idea es que los miembros que formen parte de este tipo de asociaciones se conviertan en agentes divulgadores y transmitan en sus diferentes ámbitos este conocimiento.
Para poder ser parte de la divulgación es sin duda necesaria la vocación en las profesiones vinculadas al patrimonio ya sea la arqueología, la museología, la educación, etc.
Aunque en general se tiende a interesarse por el patrimonio más antiguo, no hay que olvidar que tenemos un patrimonio que está en mayor peligro de perderse y que, aunque es más cercano se puede llegar a olvidar, para ello vemos trabajos de memoria oral que algunas asociaciones desarrollan y que nos están proporcionando un archivo muy interesante y completo de nuestra historia y costumbres más recientes, en una sociedad de rápidos cambios como en la que estamos viviendo hoy en día.
Pero todo el ámbito divulgador, difusor y educador debe de tener una base donde poder apoyarse y realizarse desde unas buenas prácticas, para ello a finales del año 2024 se aprobó el Plan de Gestión de Educación Patrimonial, plan que recoge las pautas a seguir para el buen desarrollo de la divulgación del patrimonio, como la formación necesaria para crear el perfil del educador patrimonial.
Otro tema que se ha visto en esta mesa, es el uso del voluntariado para el desarrollo de algunas acciones de difusión en el que se engloban las excavaciones arqueológicas de un yacimiento sobre el que actúa una asociación, concretando que, en primer lugar estos proyectos deben estar dirigidos por profesionales, que por supuesto deben de ver su trabajo remunerado, siendo conscientes de la situación de algunos ayuntamientos, de no poder hacer frente a la protección de estos yacimientos, es una forma de llamar la atención de las administraciones de mayor rango que puedan apoyar estas actuaciones. Pero si se tiene que tener cuidado con el límite, ya que no se puede realizar estos trabajos de cualquier manera, ya que su desarrollo conlleva una metodología que se debe desarrollar por profesionales arqueólogos y estar controladas por ellos.
Finalmente, lo que se ha podido ver desde la experiencia en este campo del asociacionismo es que ha habido un cambio y que el número de personas interesadas por su patrimonio ha ido in crecendo. A pesar de que aún no es suficiente y no se ha llegado a todo el espectro social, se está en el buen camino y se debe captar a la parte política, que es quiénes pueden hacer más fuerza, sobre todo generando la continuidad en los proyectos y trabajos para la protección y difusión del patrimonio.