Desde el Centro de Arte Rupestre de Cantabria en Puente Viesgo se habló el pasado 9 de mayo de 2025 sobre derechos laborales, fiscales y fuentes de financiación externas a la obra civil aplicadas al ámbito profesional de la arqueología. Estos aspectos son esenciales en el ejercicio de nuestra profesión y existe muy poca información pública al respecto.
El pasado mes de mayo la Plataforma de Profesionales de la Arqueología (PEPA) organizó una sesión online en la que se dieron cita profesionales de distintas comunidades autónomas, representantes de colegios profesionales y personas interesadas en la situación actual del sector. El encuentro, que se prolongó durante varias horas en diferentes tramos de mañana y tarde, se convirtió en un espacio de diálogo abierto donde se abordaron cuestiones clave para el presente y futuro de la arqueología profesional en España.
Sesión 1. Promoviendo el reconocimiento legal, administrativo y social de los perfiles profesionales en Patrimonio Cultural. ¿Otras formas de reivindicación son posibles?.
La mesa se estructuró en tres bloques de partida seguidos de una discusión común. Primero, Ernesto Agustí (CDL Madrid; PEPA) y Rosa Tera (ACRE) abrieron la sesión con los principales obstáculos que presenta el no-reconocimiento de nuestras profesiones (arqueología y conservación-restauración). Se pusieron de manifiesto los problemas que persisten con las titulaciones y la habilitación de profesionales, la necesidad de contar con profesionales realmente cualificados para atender a las necesidades de las intervenciones, o lo imperioso de terminar con el intrusismo que se da a nivel de proyectos/administración con arquitectos y a nivel de calle con amateurs. Se resaltó la importancia de llegar a un consenso sobre las titulaciones habilitantes que se reconozca en todas las administraciones, y de continuar con las acciones de visibilización vía manifiestos, declaraciones y medios de comunicación. De fondo, se comenta la necesidad de un epígrafe propio, como ha conseguido ACRE, que ayude a definir mejor la profesión y sus implicaciones laborales y fiscales.
El segundo bloque se dedica al valor social de la arqueología y participan, Carlos Mirapeix (El Capricho de Gaudí), Sabah Walid y Juanjo Pulido (Underground Colectiva). Se expone como fomentar la participación y la ciencia ciudadana no influye de forma negativa en la profesión sino que la visibiliza y ayuda a crear nuevas oportunidades y condiciones de trabajo para los profesionales, así se hace necesario crear buenas comunidades patrimoniales. También se pone de manifiesto la necesidad de reconocer la labor de la mediación cultural, ya que sigue entendiéndose como algo que se hace por amor al arte. Una idea de base es que el patrimonio que sobrevive es el que está «vivo», el que se usa, y para ello la valorización social es fundamental. Esto pasa por procesos lentos (que tardan en dar frutos) en los que son esenciales la escucha activa y la comunicación constante y honesta para poder adaptarse a las necesidades de las comunidades patrimoniales como forma de sostenibilidad.
Finalmente, Gustavo Sanz (Gobierno de Cantabria) cierra el tercer bloque sobre la armonización de criterios a nivel nacional. A partir de la próxima aprobación del Plan Nacional de Arqueología, algunos aspectos como quién puede practicar arqueología, quedarán consensuados a falta de implementación por las Comunidades Autónomas. Aun así, otras amenazas como la simplificación administrativa y la falta estructural de recursos hacen imprescindible la colaboración de todas las partes implicadas para que la Administración pueda dar una respuesta adecuada a las necesidades del patrimonio arqueológico y el sector. De nuevo, la comunicación y la educación son clave, especialmente ante las injerencias políticas.
En el debate final se puso de manifiesto la limitación en nuestra capacidad de influencia, lo que hace que debamos mantener abierta la vía de la queja y la denuncia. No estamos comunicando adecuadamente algunos aspectos en los foros oportunos, ya que el reconocimiento va más allá de Cultura y un epígrafe, pues otros aspectos del día a día se ven afectados por esto (por ejemplo, el uso de andamios asociado a determinadas actividades). Desde ACRE se nos da esperanza, pues la regulación por decreto es posible… se hace necesario insistir con buenos argumentos. En el lado social, se advierte que el impacto de los procesos patrimoniales no es siempre positivo y hay que cuidar mucho la comunicación y la acción en nuestra relación con las comunidades. En ocasiones la falta de demanda social viene del desconocimiento, ya que no se puede demandar algo que no se conoce. Pero una vez que el patrimonio se integra en el tejido social, las cosas fluyen.
Como conclusión, podríamos decir que los avances de los últimos años de cara al reconocimiento profesional nos han otorgado nuevos espacios de comunicación y representación que nos acercan un poco más al objetivo final. Aun así, queda mucho trabajo por delante y será necesario continuar luchando en todos los espacios. La experiencia de compañeros como ACRE nos da esperanza.
Sesión 2. Alternativas a la financiación tradicional en el sector del Patrimonio Cultural.
El segundo bloque abrió un debate sobre un tema especialmente sensible: la financiación de la arqueología y del patrimonio cultural.
La mayoría de las intervenciones coincidieron en que la dependencia exclusiva de la financiación pública —ya sea a través de proyectos de investigación o de contratos ligados a obras de impacto— genera precariedad y limita las posibilidades de desarrollo de la profesión. Además, los plazos de pago, que a menudo se alargan hasta los 30, 60 o incluso más días, suponen un obstáculo para la sostenibilidad de muchas pequeñas empresas y autónomos del sector.
En este contexto, se plantearon alternativas de financiación:
- Colaboraciones con entidades privadas, siempre que se garantice la independencia científica y el cumplimiento de la normativa.
- Mecenazgo y crowdfunding cultural, como herramientas complementarias para proyectos concretos que despierten interés ciudadano.
- Proyectos europeos y fondos internacionales, que ofrecen oportunidades pero requieren experiencia en la gestión de convocatorias y alianzas estratégicas.
- Programas educativos y de divulgación, que no solo generan ingresos, sino que también cumplen una función social de acercar el patrimonio a la ciudadanía.
Se coincidió en que estas vías no deben sustituir a la financiación pública, que sigue siendo esencial, pero sí pueden diversificar las fuentes de recursos y aportar mayor estabilidad al sector.
Sesión 3. Situación actual de la arqueología profesional y posibilidades de futuro: el caso de Cantabria.
El tercer bloque sirvió para aterrizar el debate en un caso concreto: Cantabria. A partir de las experiencias compartidas, se dibujó un panorama que, aunque específico de la comunidad, resultó representativo de muchos de los problemas comunes a nivel estatal.
Entre los aspectos destacados estuvieron:
- La compleja relación con las universidades, que tienden a mantener una posición dominante en la formación, sin integrar suficientemente a los profesionales en activo ni fomentar convenios estables con colegios y asociaciones.
- Las dificultades para que el alumnado realice prácticas en excavaciones reales, debido a las exigencias legales de las obras y la falta de implicación institucional para buscar soluciones.
- Las diferencias de exigencia entre universidad y profesión, ya que mientras a los profesionales se les obliga a entregar materiales y memorias con gran rigor, a menudo las universidades no se ven sometidas a la misma presión administrativa.
Este bloque puso de manifiesto tanto las limitaciones estructurales como las posibilidades de futuro. En Cantabria, como en otros territorios, se percibe un campo con gran potencial, pero también con enormes obstáculos que solo podrán superarse mediante mayor coordinación entre profesionales, administraciones y centros de formación.
Conclusiones de la jornada
La sesión de la PEPA mostró con claridad que la arqueología profesional en España atraviesa un momento de desafíos, pero también de oportunidades.
El reconocimiento legal y social de la profesión, la búsqueda de nuevas vías de financiación y la necesidad de reforzar la relación entre universidad y práctica fueron los ejes centrales de un debate en el que todas las voces coincidieron en un mismo punto: el futuro del patrimonio cultural depende en gran medida de la capacidad de sus profesionales para organizarse, visibilizarse y reclamar el lugar que les corresponde en la sociedad.
El cierre de la jornada estuvo marcado por agradecimientos y un clima de comunidad. A pesar de las dificultades, las personas participantes valoraron la posibilidad de encontrarse, escucharse y pensar juntas en estrategias para un futuro más digno y sostenible de la arqueología profesional.