El pasado 7 de abril se celebró desde el Ministerio de Cultura la presentación del protocolo de actuación para la valoración de la implantación de energías renovables en bienes con valores culturales. VER
El 10 de abril, Acciona celebró en ABC el diálogo ‘El patrimonio arqueológico de viento y el sol’. VER
Los próximos 24 y 25 de abril participaremos en las Jornadas de Patrimonio arqueológico y transición energética organizadas por Red Eléctrica Española. VER
La #arqueología es mencionada, la administración está representada pero echamos de menos a los #profesionales de la arqueología.
Una serie de eventos que relacionan el boom de las energías renovables y el patrimonio histórico nos hacen reflexionar sobre un marco que entendemos como no adecuado para ninguna de las partes a pesar de los intentos de mostrar avances y una cara más amable del asunto.
En nuestro país, la arqueología preventiva depende de la financiación de unas empresas para las que somos un dolor y es bastante comprensible. Las competencias administrativas las tienen las comunidades lo que hace que haya 17 procedimientos diferentes y en la realidad, muchos más por la interpretación que hace cada técnico. En ese sentido no se termina de aprobar el Plan Nacional de Arqueología porque algunas comunidades lo ven como una intromisión en sus competencias.
Mientras tanto, nuestro trabajo depende de esas administraciones autonómicas que funcionan como una policía de lo desarrollado por unas empresas y autónomos sobresaturados de trabajo y con pocas opciones de presentar presupuestos ajustados a los verdaderos costes que soportan y que entre otras carencias, se ven imposibilitados a presupuestar aspectos tan esenciales como la divulgación de lo hallado, devolver a la sociedad ese conocimiento debería ser obligado.
Aparte, no tenemos unas condiciones de trabajo estables y normalizadas. Se habla de un diálogo entre los agentes que se ocupan de la investigación, protección y difusión de los hallazgos arqueológicos pero lo que existe realmente es una cadena de mando de arriba a abajo sin muchas posibilidades de réplica. Así se ha visto recientemente en la presentación del anteproyecto de la nueva Ley de Patrimonio Cultural de la Junta de Andalucía.
En el artículo 1° del Convenio de Faro (2005) se establece que «los derechos relativos al patrimonio cultural son inherentes al derecho a participar en la vida cultural». En el artículo 4° se menciona que «toda persona… tiene derecho a beneficiarse del patrimonio cultural y a contribuir a su enriquecimiento». Las tendencias que vemos actualmente van en contra de este acuerdo en los que España fue uno de sus primeros firmantes. La acción legislativa sin la escucha activa de los agentes implicados también va en contra del Plan de Derechos Culturales que actualmente se está redactando.
Seguimos…