En estos días han aparecido distintos titulares (VER) donde se comenta que el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, a través del Canal de Isabel II, busca contratar arqueólogos a través de una asistencia técnica para llevar a cabo el control arqueológico intensivo de las obras que vaya a realizar el Canal de Isabel II.
Aunque inicialmente la iniciativa podría interpretarse como un reconocimiento de la importancia del control arqueológico sistemático, el análisis detallado de las bases de licitación revela condiciones que denigran la profesión arqueológica y establecen un precedente perjudicial para el conjunto del sector. El Colegio Profesional de Arqueología de Madrid lanzó un comunicado advirtiendo de las condiciones laborales insostenibles y en contra de cualquier razonamiento lógico (VER)
Este tipo de licitaciones presentan unas condiciones laborales incompatibles con la profesionalización.
Entre los aspectos más preocupantes de esta convocatoria se encuentran:
- Remuneración precaria: Se establece una remuneración mensual de 1.335 euros para perfiles que requieren titulación universitaria especializada en arqueología y paleontología, sin aclarar si dicha cantidad corresponde a un único profesional o debe repartirse entre ambos. Esta cifra resulta claramente desproporcionada respecto al nivel formativo, responsabilidad técnica y exigencia científica requerida.
- Procedimientos irregulares: Los lotes pueden alcanzar hasta 30 proyectos sin establecer un mínimo de dedicación horaria por intervención. Este planteamiento fomenta un modelo itinerante de visitas puntuales que contradice el propio concepto de “control arqueológico intensivo”, tal y como viene definido en las autorizaciones administrativas de la Comunidad de Madrid.
- Subordinación profesional: Sometimiento de los arqueólogos a la supervisión y aprobación de un ingeniero para la validación de trabajos e informes técnicos, cuestionando la autonomía y capacidad técnica del profesional arqueológico
- Expropiación intelectual: Cesión forzada de la propiedad intelectual de los trabajos realizados al Canal de Isabel II, privando a los profesionales del reconocimiento académico y científico de sus investigaciones
Estas condiciones representan un paso atrás significativo en el reconocimiento del trabajo arqueológico como disciplina científica especializada. La precarización laboral no es una solución viable para mejorar la calidad de los servicios arqueológicos, sino todo lo contrario: genera un círculo de deterioro profesional que afecta directamente a la calidad de los estudios arqueológicos y a la preservación del patrimonio histórico.
La arqueología requiere de profesionales formados, capacitados en metodología científica y con experiencia en documentación estratigráfica y análisis contextual. No puede ser tratada como un servicio de bajo coste desvinculado de criterios de excelencia técnica.
Desde la Plataforma de Profesionales de la Arqueología exigimos:
- Anulación inmediata de la presente convocatoria
- Reformulación de las bases de licitación de acuerdo con estándares profesionales reconocidos internacionalmente
- Reconocimiento de la autonomía profesional de los arqueólogos en la supervisión y validación de trabajos
- Retribución equitativa acorde con el nivel formativo y responsabilidad técnica de la profesión
- Protección de derechos intelectuales de los investigadores
La administración pública tiene la responsabilidad de ser ejemplo en la valoración del conocimiento especializado. No puede permitirse continuar el patrón de precarización que ha caracterizado los últimos años en arqueología.