La Plataforma de Profesionales de la Arqueología (PEPA) ha presentado un escrito al Ministerio de Cultura en el que advierte de una situación preocupante para la conservación del patrimonio gallego. La causa es la reciente reforma de la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia, que —según la Plataforma y diversos informes técnicos— podría provocar una desprotección real de muchos bienes culturales.
Este escrito no es solo un aviso puntual: es un toque de atención sobre una tendencia que se está repitiendo en varias comunidades autónomas a raíz de las llamadas leyes de simplificación administrativa o de acompañamiento administrativo, que buscan agilizar trámites pero, en algunos casos, están debilitando los mecanismos básicos de protección patrimonial.
¿Qué ha cambiado en Galicia?
La reforma aprobada permite que los ayuntamientos autoricen intervenciones en bienes protegidos. Hasta ahora, esta supervisión la ejercía la Xunta de Galicia, que cuenta con personal especializado en patrimonio.
El problema es evidente: una gran parte de los ayuntamientos no dispone de arqueólogos, historiadores del arte, arquitectos especializados en patrimonio ni equipos técnicos suficientes. Pasarles esta responsabilidad sin reforzar sus recursos deja un vacío de tutela que puede tener consecuencias irreversibles.
Cuando no actuar también es expolio
En su escrito, la Plataforma recuerda que la legislación estatal —especialmente la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español— reconoce el concepto de expolio por omisión. Esto significa que el patrimonio puede verse expoliado no solo por acciones dañinas, sino también por la falta de actuación o supervisión adecuada por parte de la administración competente.
Si una administración delega funciones esenciales sin garantizar medios para cumplirlas, está incumpliendo su deber de protección. Y cuando esa omisión pone en riesgo la integridad de los bienes, el Estado puede y debe intervenir.
Qué dicen los especialistas
El Consello da Cultura Galega ya había advertido de que la reforma no garantiza la protección del patrimonio. Señala una falta generalizada de personal técnico cualificado y la ausencia de mecanismos de coordinación entre administraciones, una carencia que puede dejar sin supervisión intervenciones sensibles.
Esta preocupación no es exclusiva de Galicia: varias comunidades autónomas están impulsando procesos de simplificación administrativa que, si no se acompañan de refuerzos técnicos, pueden empeorar la conservación del patrimonio.
El riesgo de un modelo extendido: agilizar no puede ser sinónimo de abandonar
La Plataforma pone el foco en un mensaje claro: simplificar trámites no puede implicar recortar garantías. La omisión del deber de proteger no es una vía válida ni legal para ganar rapidez. La solución nunca puede ser “hacer menos”, sino dotar de más medios a las instituciones que ya velan por el patrimonio de todos.
Las comunidades que desvían responsabilidades sin reforzar estructuras están caminando hacia un modelo peligroso donde se agiliza a costa de la conservación. Y el patrimonio cultural, una vez perdido, no se recupera.
Compromisos internacionales en juego
Además, Galicia —como el resto del país— está sujeta a compromisos internacionales como la Convención de la UNESCO y varios convenios europeos de protección del patrimonio. Si la administración autonómica no garantiza la tutela adecuada, España debe rendir cuentas a estos organismos.
¿Qué solicita la Plataforma al Ministerio?
En su escrito, la Plataforma de Profesionales de la Arqueología pide:
- Que se abra un procedimiento de tutela frente al expolio por omisión.
- Que el Ministerio requiera a la Xunta la revisión urgente de las modificaciones de la ley.
- Que se tomen medidas cautelares sobre licencias municipales que puedan afectar a bienes protegidos.
- Que se informe a la UNESCO si hubiera riesgo para algún bien Patrimonio Mundial.