La Plataforma de Profesionales de la Arqueología (PEPA) manifiesta su profunda preocupación y rechazo ante el comunicado difundido por la asociación Unidos por Baria en relación con los trabajos arqueológicos realizados en el yacimiento de Baria (Villaricos), por el tono, el contenido y, especialmente, por la atribución pública de responsabilidades personales sin contraste previo con la administración competente.
Desde la PEPA defendemos de manera inequívoca la protección del patrimonio arqueológico y el derecho de la ciudadanía a exigir transparencia en su gestión. Sin embargo, este derecho no ampara la difusión de acusaciones públicas ni el señalamiento de profesionales concretos al margen de los procedimientos administrativos legalmente establecidos.
Resulta especialmente grave que en dicho comunicado se nombre expresamente a la arqueóloga Teresa Fernández Azorín, presentándola como responsable directa de la supuesta falta de entrega de memorias, informes y materiales arqueológicos. Esta afirmación se realiza sin aportar resoluciones administrativas, requerimientos oficiales ni pronunciamientos firmes de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía o de las instituciones museísticas competentes. En ausencia de dichos documentos, no estamos ante hechos contrastados, sino ante interpretaciones o suposiciones, cuya difusión pública supone un ataque directo a la reputación profesional de una arqueóloga con trayectoria y formación acreditadas.
Desde la PEPA recordamos con firmeza que solo la administración tutelar tiene capacidad legal para determinar si existe o no un incumplimiento de las obligaciones derivadas de una intervención arqueológica. Las memorias finales, los informes técnicos y el depósito de materiales forman parte de procedimientos administrativos reglados, sujetos a plazos, validaciones, subsanaciones y controles internos. Estos procesos no son de acceso libre ni inmediato, y el hecho de que terceros no puedan acceder a determinada información no constituye prueba de incumplimiento alguno.
Más aún: si no se ha podido obtener confirmación oficial sobre supuestos incumplimientos, ello puede deberse precisamente a que la administración no ha constatado irregularidades, a que los expedientes siguen su tramitación ordinaria o a que la información solicitada no es pública por razones legales. Convertir esta falta de acceso en una acusación pública es un ejercicio de irresponsabilidad que daña tanto a las personas como a la profesión.
La arqueología es una disciplina científica sometida a control administrativo y Andalucía es una de las comunidaddes autónomas con la legislación más estricta al respecto. Los y las profesionales que la ejercen no pueden ser convertidos en chivos expiatorios de debates patrimoniales complejos ni expuestos al descrédito público sin garantías. Este tipo de prácticas no solo perjudican a la persona señalada, sino que debilitan la credibilidad del sistema de tutela patrimonial y precarizan aún más el ejercicio profesional de la arqueología.
Desde la Plataforma de Profesionales de la Arqueología exigimos:
- El cese inmediato de las alusiones personales a profesionales concretos sin tener respaldo de documentos administrativos.
- Que cualquier denuncia o reclamación se dirija a la administración competente, como establece la ley.
- Que el debate sobre Baria se centre en políticas de protección patrimonial y responsabilidades institucionales, no en la exposición pública de profesionales.
La defensa del patrimonio no puede construirse sobre la deslegitimación pública, la sospecha infundada y el señalamiento personal. Desde la PEPA seguiremos defendiendo una arqueología basada en el rigor, el respeto institucional y la dignidad profesional.
Plataforma de Profesionales de la Arqueología (PEPA)
@Plataforma de Arqueología, No ayudáis a esclarecer lo que ocurre en Villaricos. En los tribunales no se ha aportado esa documentación, Cultura no lo ha hecho y sí se le ha pedido. Es a quien hay que pedirla. No pongáis más piedras a una lucha desequilibrada y que solo pretende proteger un yacimiento valiosísimo del que deberíais haceros eco y protectores, en lugar de justificar el que esa memoria (parece que entregada recientemente) no sea pública y así lo justifiquéis porque no todo debe ser público. En fin, os estáis escudando en la burocracia y en el corporativismo. Disculpad mi visión, puede ser errónea, pero hay demasiado ocultismo, defensa y justificación, así como ataque a un colectivo muy luchador y bastante indefenso, en vuestras palabras.
Compartimos la preocupación por Villaricos y la necesidad de proteger un yacimiento excepcional. Precisamente por ello, creemos que la defensa del patrimonio debe dirigirse a las instituciones, no al señalamiento público de profesionales concretos, que en gran medida dependen de su reputación para poder seguir ejerciendo su trabajo. Esta acusación evidencia su desconocimiento absoluto del funcionamiento de la arqueología preventiva en España.
Desde la PEPA no defendemos ocultismos ni corporativismos: defendemos la dignidad profesional y las garantías básicas frente al descrédito público sin evidencias ni pruebas de lo que afirman. Las y los profesionales en arqueología estamos, lamentablemente, acostumbrados a situaciones de indefensión ante ataques de este calibre que en cualquier otra profesión no se tolerarían y acabarían, de facto, en los tribunales. Si buscan nuestra implicación para conseguir sus objetivos, este no es el camino.
Considero gravísimas vuestras afirmaciones: ¿deslegitimar a una profesional?¿desacreditarla?¿atribuirle responsabilidades a la arqueóloga? ¿chivo expiatorio?
No entiendo cómo habéis llegado a esa conclusión.
Pero sí, tenéis razón en una cosa, y es que Unidos por Baria deduce que no se ha presentado la Memoria Final. Y es una deducción motivada por lo siguiente:
La Delegación de Cultura en Almería, en respuesta a la petición del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora , en septiembre de 2025, le dice que » SE HA REQUERIDO a la directora de la actividad la presentación de la memoria contemplada en los artículos 34 y 35 (…) y en atención a las relaciones interadministrativas de colaboración y (…..) se REMITIRÁ A ESE AYUNTAMIENTO.
Y en diciembre de 2025 Unidos por Baria pregunta al Ayuntamiento ,que le confirma la inexistencia de esa Memoria Final.
¿Qué puede deducir Unidos por Baria?¿Por qué pensar que ya estaba entregada?
Este es el único error de Unidos por Baria. Un error que ha servido para conocer que la Memoria definitiva se entregó en octubre de 2025. ¡Bendito error! Porque llevamos esperando TRES AÑOS.
Tres años esperando unas conclusiones que consideramos podrían confirmar lo que la arqueóloga apuntaba en la Memoria preliminar: Que podríamos estar ante la dársena del puerto fenicio de Baria. Algo tan relevante haría posible que la institución responsable de la salvaguarda de nuestro patrimonio, la Delegación de Cultura, resolviera que en ese lugar NO DEBEN CONSTRUIRSE 24 VIVIENDAS.
Ese objetivo, debería ser tan bien el vuestro, según deduzco de vuestro nombre. Y deberíais remar junto a Unidos por Baria difundiendo las investigaciones de los profesionales de la arqueología, que sin duda son la clave en la defensa de un legado milenario, que hoy está en grave peligro.